Sobre las medidas del Gobierno para la adquisición de coches

 

   

Recientemente el Gobierno de España ha anunciado medidas con el fin de promover la venta de vehículos, fundamentalmente automóviles. Para conseguirlo el Gobierno ofrece una ayuda de 1.500 euros que se repartiría de la siguiente manera: 500 euros los proporcionaría el Gobierno central, otros 500 euros le corresponderían a las Comunidades Autónomas que así lo decidan, y los 1000 euros restantes correrían a cargo de los fabricantes o los vendedores de automóviles. La concesión de las ayudas dependería de que se cumplieran dos condiciones: por un lado que se entregue a desguace un coche con más de diez años de antigüedad y, por otro lado, que el vehículo adquirido emita menos de 140g de CO2 a la atmósfera y su precio sea inferior a 30.000 euros.

 
 


La medida en sí misma puede aliviar al sector, como se ha comprobado en países vecinos que han puesto en práctica sistemas de ayuda similares y como pudimos ver en el nuestro hace años con el plan Renove. Sin embargo, estas medidas, en nuestra opinión, son insuficientes, y el resultado final real probablemente sea menor que el esperado. No olvidemos que el objetivo es la reactivación de un sector que incluye fabricantes, concesionarios y todas las industrias auxiliares relacionadas.

Para empezar se va a producir el hecho de que, por diferentes motivos, no todas la Comunidades Autónomas se sumarán a la propuesta lo cual creará discriminación entre las empresas vendedoras localizadas en diferentes áreas del Estado. De esta manera es de esperar que un concesionario de una población donde sí exista la ayuda se beneficie de las ventas propias además de aquellas otras que provengan de clientes de otras áreas en las que no se conceda la ayuda; y al contrario, el vendedor de una población perteneciente a una Comunidad Autónoma que no acepte la medida se verá muy perjudicado.

Nos parece lógico que la capacidad normativa de cada Comunidad establezca ventajas o desventajas para sus empresas pero en estos momentos de crisis galopante no creemos que esta situación sea la más conveniente si lo que se pretende es generar el clima de confianza y la unidad de acción necesarias. Por otra parte, quienes pueden verse beneficiados son los fabricantes de coches más baratos y menos contaminantes, que no se fabrican en España, por lo que parte de las ayudas las pagará el contribuyente español pero irán a empresas situadas en otros continentes.

La excusa de que esta medida ayudará también a la industria familiar auxiliar es en parte cierta, pero para Fundación Indice el principal problema que encuentra la industria auxiliar, en general pequeña, no es solo la reducción de venta de automóviles en España, sino también la fuerte competencia extranjera de componentes y la baja competitividad de la industria española que ha expulsado del mercado a muchas empresas familiares de componentes o las ha obligado a trasladar su producción fuera del país.

Fundación Indice aprueba la filosofía de la ayuda pero consideramos que debería haberse orientado sobre todo a favorecer de verdad a las empresas españolas, y en especial a las pequeñas y medianas que, además de los problemas generales derivados de la crisis, sufren la falta de financiación que las está abocando a una situación límite.